Los puntos más representativos de la diversidad biológica del Ecuador están identificados en 48 espacios dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 3 de ellos aún no identificados en el sitio web del Ministerio del Ambiente (MAE); sin embargo, de los 36 conformados antes del 2007, 14 no cuentan con un plan de manejo, 17 están desactualizados y solo 5 en vigencia, según un informe de la misma institución. Las 12 nuevas áreas, creadas durante este
Gobierno, tampoco han completado este documento, pese a que la ley ordena que esté listo 180 días después de la fundación oficial.
En septiembre pasado, este Diario inició una serie de trece reportajes sobre las áreas protegidas más grandes del territorio continental, exponiendo sus riquezas naturales y características administrativas, los problemas comunes relacionados con la falta de control y amenazas debido a la falta de conciencia de las poblaciones aledañas, entre otros factores.
De las trece áreas presentadas, seis tienen entre sus principales amenazas la explotación de madera; para otras seis, el sobrepastoreo, la deforestación y el avance de la frontera agrícola son los factores que más afectan su ecosistema, y todas coinciden en que el presupuesto asignado es insuficiente para sus necesidades.
La falta de control y vigilancia es atribuida, por los responsables de cada área, a la falta de personal y delimitación física de la zona. La norma internacional recomienda que debe existir al menos un guardaparque por cada 10.000 hectáreas, pero en el Parque Nacional Yasuní, por ejemplo, esto está lejos de cumplirse.
El área protegida más grande del país cuenta con 8 guardaparques para vigilar 982.000 hectáreas, cuando, según la norma internacional, se necesitarían 98. Igual sucede con el Parque Nacional Sangay, que tiene 16 guardaparques para controlar 271.925 hectáreas, dejando el 41% del territorio sin la vigilancia mínima recomendada, entre otros casos.
A la falta de personal se suma la presencia de habitantes dentro de las áreas protegidas, que contribuyen a la expansión de la frontera agrícola, la erosión de los suelos y la extracción de recursos. La explotación de madera se da, según los planes de manejo, en el Parque Nacional Machalilla, Cayambe Coca, Yasuní, Podocarpus, y en las reservas ecológicas Ilinizas y Cotacachi-Cayapas, afectando a bosques naturales húmedos y secos, vegetación de páramos, entre otros ecosistemas.
Asimismo, el Parque Nacional Sangay y Sumaco Napo Galeras, la Reserva Ecológica Mache Chindul, Chimborazo e Ilinizas, y la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno se ven amenazados por la quema de su suelo para generar el crecimiento de pasto nuevo que sirva de alimento para el ganado, principalmente. Esto afecta a frágiles ecosistemas de bosques tropicales, a humedales que absorben altas cantidades de dióxido de carbono, y más espacios indispensables para el equilibrio biológico y la supervivencia de millones de especies.
Luis Suárez, director de Conservación Internacional, opina que las áreas protegidas son la mejor inversión para el desarrollo del Ecuador, pues generan bienes y servicios ambientales para la sociedad, incluyendo la protección del agua, la prevención de desastres, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y valores culturales, y el mantenimiento de la belleza escénica para el turismo.
A cada área protegida, el Ministerio del Ambiente le asigna $ 10 mil anuales, y a algunas, el Fondo Nacional para las Áreas Protegidas les otorga máximo $ 50 mil cada año; pero, para las autoridades responsables de cada espacio, esos recursos son insuficientes. Aducen, en la mayoría de los casos, que las designaciones apenas alcanzan para cubrir gastos de movilización del personal e intentar concienciar a la población aledaña con esporádicos talleres o folletos.
Según Suárez, el Estado y las instituciones privadas deben valorar la contribución de estos espacios en la economía del país, porque las áreas protegidas generan bienes y servicios ambientales que son usados por empresas hidroeléctricas, agrícolas, ganaderas y acuícolas.
Mientras, Cristina Castro, directora de la Fundación Ballenas del Pacífico (Ecuador), coloca en primer lugar de necesidades al fomento de la profesionalización en materia ambiental y la investigación científica. “No se puede conservar lo que no se conoce”, afirma.
La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, por ejemplo, posee un plan de manejo elaborado en 1993, mientras otras áreas se basan en datos actualizados por organizaciones independientes, pero estas suelen estudiar espacios relativamente pequeños.
Jannette Ulloa, directora de Fundación Eco Ciencia, expresa que el problema de tener información desactualizada repercute en la toma de decisiones que, a su criterio, se hacen sin el suficiente sustento técnico. Pablo Jarrín, director de la Estación Científica Yasuní, tiene una postura más radical. Él opina que se deben tomar medidas severas, extremas, “conforme al reloj del caos ambiental que se acerca”.
Responsabilidad conjunta
Entre las sugerencias de Jarrín está el controlar el crecimiento poblacional, la protección de las últimas fronteras de bosque primario y la educación ambiental masiva.
Estado, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía necesitan objetivos comunes, coinciden expertos en materia ambiental. Este Diario solicitó respuestas a la directora de Biodiversidad, Isabel Endara, desde hace 20 días, pero no se ha pronunciado.
Suárez hace un llamado al fortalecimiento de las instituciones públicas para incentivar a la conservación y sancionar a los infractores. “Sería bueno que se capacite a fiscales y jueces para que comprendan la importancia de la naturaleza y sancionen con fuerza”.
Xavier Bustamante, director de Fundación Natura, explica que las ONG están pasando por un periodo de reestructuración obligada, debido a la falta de recursos a nivel nacional y mundial, pero hace un llamado a los ciudadanos, quienes, según su criterio, deben adquirir mayor responsabilidad, pues aunque no tengan incidencias políticas, pueden ejercer como una veeduría permanente, ya que pese a que el marco legal contiene ciertos principios, en la práctica no es tan fácil aplicarlos. Entonces queda empezar por ejecutar una justicia ambiental personal e insistir en que se cumplan los derechos de la naturaleza.
Sistema nacional: Territorio valioso
El sitio web del Ministerio del Ambiente reporta 11 parques nacionales, 10 refugios de vida silvestre, 9 reservas ecológicas; 4 reservas de la biosfera, 4 reservas de producción de fauna y 4 áreas nacionales de recreación; 2 reservas marinas y una reserva geobotánica. Sin embargo, en el 2010 se crearon 3 reservas marinas más, haciendo un total de 48 áreas protegidas.
El Parque Nacional Galápagos y el Parque Nacional Cajas, en Azuay, son las únicas áreas protegidas cuyo manejo está descentralizado a través de leyes especiales, es decir, que su administración no está dirigida por el Estado sino por organismos independientes.
En la rendición de cuentas del Ministerio del Ambiente, hasta octubre del 2010, se informa del incremento del territorio protegido. El año pasado se sumaron 75.000 hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es decir, el 1,53% del total nacional.
El año pasado se destinaron 8,5 millones de dólares, aproximadamente, para las áreas protegidas del país. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) aportó 6,4 millones de dólares para la implementación del proyecto Sostenibilidad financiera del sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador, y el Ministerio del Ambiente destinó 2’181.000 dólares. La suma significó un incremento del 47% de inversión frente al 2009.
Fuente: www.eluniverso.com
